En estas líneas queremos arrojar luz sobre una de las cuestiones más ignoradas a la hora de analizar el desarrollo de la actual pandemia. A saber: la dimensión económica de los tratamientos médicos contra la COVID-19. Por cuestiones de interés, y de aspiraciones, no entraremos a valorar metodológicamente los procesos y métodos desarrollados y aplicados en la producción e investigación de los tratamientos, sino que asumiremos como correctos y veraces tales métodos. De esta manera abordaremos estrictamente las cuestiones económicas que rodean los procesos de producción y distribución.
MATIZACIÓN METODOLÓGICA
Esta aclaración de intereses y aspiraciones es importante, más aún cuando consideramos la sensibilidad, y la demagogia contracientífica, que rodea el debate acerca de los tratamientos contra la COVID-19. Consideramos que la mercantilización capitalista de los tratamientos no está discutida con la eficacia científica de los tratamientos con los que se especula. Con esto aclaramos, una vez más, que el análisis desarrollado en las siguientes líneas, es un análisis estrictamente económico que no entra a valorar las cuestiones metodológicas y científicas de unas investigaciones que se asumen como correctas. En consideración de esto, y aprovechando la oportunidad, rechazamos cualquier postura contracientífica y especulativa, tanto por cuestiones metodológicas, como por cuestiones ideológicas: el negacionismo, no casualmente asociado a los movimientos de derecha, desvía la atención de las causas de la pandemia hacia chivos expiatorios desmovilizadores de la lucha anticapitalista. Bajo las lógicas negacionistas, las causas más probables de la pandemia como son: la zoonosis fruto de la destrucción medioambiental, la hiperconexión espacial desarrollada por un globalismo financiero e industrial, y la masificación de los espacios urbanos, son obviadas en pos de la creación de teorías conspirativas populistas que no ponen el foco de crítica en el sistema productivo y financiero capitalista sino en otras cuestiones, y que, en consecuencia, desmovilizan la lucha anticapitalista y antiestatal.
Ahora sí, tras esta necesaria aclaración, abordemos la cuestión por la cual se escriben estas líneas.
ESPECULANDO CON LA VIDA
Comenzábamos agosto con la noticia de la subida del precio de las vacunas contra la COVID-19. Analizando las cifras, en el caso de Pfizer y BioNTech el precio de la dosis se eleva de los 15,50 euros a los 19,50 euros, lo que supone una subida del 25,8 % (4 euros). En el caso de Moderna la inflación es de un 12,6 % (2,40 euros) elevándose el precio de la dosis de los 19 euros a los 21,40 euros. Hemos de recordar que estos precios son los acordados por las empresas y la Unión Europea. Fuera de estos contratos el precio de Moderna se sitúa en una media de 31 euros y el precio Pfizer en una media de 17 euros. Es decir, tenemos que partir del trato “preferencial” de estas empresas para con la Unión Europea. Aun así, y teniendo en cuenta esto último, la subida de los precios supondrá un aumento en el gasto de la Unión Europea, lo que se traduce en que más dinero de nuestros impuestos terminará en los bolsillos de los empresarios. Todo esto aún cuando las empresas prevén beneficios millonarios: Pfizer y BioNTech prevé una facturación de 56.000 millones de euros, y Moderna una facturación de 30.000 millones de euros. Ambas empresas venden la vacuna de la COVID-19 por encima de su coste de fabricación, siendo AstraZeneca-Oxford la única vacuna que vende sus dosis al precio de coste, es decir, con una rentabilidad 0. En este punto nos preguntamos porqué los gobiernos o los organismos internacionales no obligan a vender las dosis a precio de coste.
La especulación con los productos farmacéuticos es una constante en el mercado. Bajo la mítica liberal de la autorregulación las empresas farmacéuticas se forran a costa del sufrimiento y la muerte. ¿Novedad? Ninguna. Como ilustra el documental “Fuego en la sangre” la especulación con los tratamientos médicos en tiempos de pandemia es una realidad. Este relato documental nos recuerda el caso específico de los antirretrovirales para el VIH: la negativa ante la supresión de la propiedad de la patente de los antirretrovirales provoco la muerte de más de 10 millones de personas. Otros ejemplos más cercanos en el tiempo, nos llevan a pensar en la Hepatitis C. En 2014 miles de personas se manifestaban ante la negativa del gobierno popular de hacer frente a los costes del tratamiento contra la Hepatitis C. En ese tiempo el tratamiento por persona alcanzaba los 50.000 euros ¿Cuánto debe costar una vida para los capitalistas?
Pero, volviendo a la cuestión de la COVID-19, otro ejemplo de la especulación farmacéutica lo encontramos en el Remdesivir. El Remdesivir es el único tratamiento realmente eficaz contra la COVID-19. Actualmente el Remdesivir está protegido con una patente propiedad de Gilead. Según apuntaba Marta Cañas, directora general de médicos sin fronteras en España, el Remdesivir tiene un coste de producción de menos de 10 euros por tratamiento, y, sin embargo, su precio en el mercado alcanza los 2.000 euros. Es decir, con la compra de un tratamiento de Remdesivir un país cura a una persona cuando, por la misma inversión, y sin producir gastos a la empresa, podría estar curando a 200 personas. En este caso, podríamos afirmar que la propiedad del Remdesivir está matando. En un resumen: la propiedad es un asesinato.
Nos encontramos con más de lo mismo cuando analizamos la realidad de las patentes de las vacunas. Ya no sólo es que las empresas vendan las dosis por encima de su precio de producción, es que, amparándose en la Propiedad Intelectual, impiden a otras empresas o países fabricarlas. Esto no solo supone un problema económico de especulación, sino que tiene sus consecuencias sanitarias. La Propiedad Intelectual es utilizada como herramienta para la acumulación de capital, las empresas, consientes del monopolio, venden al mejor postor, ignorando totalmente el derecho universal a la sanidad. Pero, qué no se crean los países ricos qué acaparando vacunas se van a salvar. Un desigual reparto en las vacunas aumenta la probabilidad de mutación del virus, y por tanto, la probabilidad de que la eficacia de las vacunas baje. Ahora estamos todos locos en occidente con la nueva variante. Pues bien, mientras las empresas sigan haciendo negocio, y los estados ricos (capitalistas) acaparando vacunas, las mutaciones seguirán existiendo. De nada sirve, en este caso, la acumulación de capital materializado en vacunas.
Según un estudio de la Universidad del Noreste (Boston), un desigual reparto de las vacunas, conlleva un aumento en la mortalidad. Así lo explican Guillermo Algar y Ariana Basaguren: “si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyen en proporción a la población de cada país, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo del 33%”. ¿Qué esta pasando? Pues qué países como Canadá han vacunado al 59,06% de su población, y países cómo Gambia al 0,52%. Nuevamente, la acumulación de capital, la propiedad, mata.
Pero esta especulación, esta búsqueda en la maximización de los beneficios no solo se observa en los tratamientos propiamente dichos, sino que abarca, de igual manera, a todos aquellos artículos médicos de prevención: mascarillas, EPIS, test de antígenos, PCR, respiradores, gel hidroalcohólico, etc. Analicemos brevemente el caso de las mascarillas. El 23 de abril de 2020, el gobierno regulaba el precio de las mascarillas a 0,96 euros la unidad, para, en noviembre, reducir el precio a 0,62 euros la unidad. Todo esto después de que se registrarán subidas de hasta el 10.000% con respecto a 2019. El precio de un pack de 5 mascarillas FFP2 en Amazon alcanzaba los 99 euros. Bajo estos últimos datos, la bajada impuesta por el gobierno puede parecer significativa, pero sigue siendo insuficiente cuando observamos que el coste de producción de una mascarilla no alcanza los 0,08 euros. Es decir, el mercado, con la colaboración del gobierno, está vendiendo mascarillas por un valor 7 veces superior al de su coste de producción. Mismas realidades se aparecen cuando analizamos los casos concretos de los geles hidroalcohólicos o las Pruebas de Antígenos. En la actualidad, la realización de una prueba de antígenos cuesta entre 35 y 60 euros, cuando el coste de fabricación de dicha prueba no alcanza los 15 euros. Hemos de recordar que durante los peores momentos de la pandemia algunos hospitales privados ofrecían pruebas de antígenos por hasta 80 euros.
Con todo esto volvemos a la pregunta que lanzábamos algunas líneas atrás ¿Por qué los gobiernos o las organizaciones internacionales no hacen nada? Bien, hemos de decir, que, por ejemplo, en el caso de las vacunas, la OMS ha lanzado el plan COVAX con el objetivo de hacer un reparto equitativo de las vacunas, como hemos visto con el caso de Canadá y Gambia, la cosa no avanza especialmente bien. Y esta desigualdad es generalizada, vemos que países como España, Alemania o Reino unido se sitúan en cifras de vacunación cercanas al 60% mientras que países como Afganistán, Camerún o Malí no llegan ni al 1%.
Hemos de saber, en este momento, que, a nivel internacional, las patentes se rigen por las decisiones de tres organismos: la OMS, la OMC y la OMPI. De estas tres organizaciones, la OMC es la única con capacidad jurídica para imponer mandatos. Si bien la OMS realiza recomendaciones, como el plan COVAX, su capacidad de actuación es bastante limitada. Así lo explica la abogada Marina Lina Hartel: “A diferencia de lo que se puede sostener en cuanto a la OMS y a la OMPI, la OMC al contar con normativa sustantiva y de procedimiento (administrativos y judiciales) para hacer efectivos los derechos que se reconocen se constituye en un organismo con “dientes” y no un organismo “blando” (Delich, 2009) y esto resulta una característica importante frente a los otros organismos involucrados que emiten recomendaciones en materia de propiedad intelectual y de salud, pero no cuentan con un sistema de enforcement de los derechos respectivos.” Esto, en la realidad, se traduce en una defensa de los intereses capitalistas por parte de la OMC. Si observamos qué países se oponen a la suspensión temporal de las patentes relacionadas con la COVID-19, advertimos que la mayoria son estados occidentales con cifras de vacunación superiores al 50%, aunque también es cierto, que encontramos casos como los de Brasil, con cifras del 20% y que se oponen por cuestiones puramente ideológicas.
Este panorama económico nos lleva a pensar que los estados, en sus formas de estado burgués, defienden los intereses de las clases capitalistas, de lo contrario, hubiesen impuesto medidas para frenar la especulación y favorecer el igual reparto de los tratamientos. Medidas que ni siquiera tendrían porque haber pasado por la colectivización de las fábricas. Concluimos, por deducciones lógicas, que ningún estado defiende los intereses de las clases oprimidas y obreras, prefieren proteger la propiedad de las grandes farmacéuticas y empresas a cambio de, literalmente, vender la vida de los obreros. Pues es la vida de la clase trabajadora la que está en juego en el mercado, o acaso hace falta recordar que los burgueses y los ricos siempre podrán hacer frente a su propia especulación. Otra suerte tendrán, claro está, aquella clase aspiracional que en contra de sus intereses de clase proletaria se alinea y defiende los intereses de la clase capitalista.
Por concluir, deberíamos recordar que tanto en el caso del VIH, como en el caso de la Hepatitis, la conquista del derecho a la salud, y, en definitiva, a la vida, se consiguió desde la movilización de las clases oprimidas, no siempre de forma pacífica, contra el capital y el estado. Recordemos, ante la moral pacifista del pequeñoburgués y el buen ciudadano, que la propiedad, solo con el caso del VIH, asesinó a más de 10 millones de personas. ¿Cuántas personas habrá matado la especulación de los tratamientos contra la COVID-19? Toca movilizarse por la defensa de nuestra vida frente al terrorismo comercial del capitalismo.