En ocasiones naturalizamos de tal manera nuestros privilegios que ni siquiera nos damos cuenta de que son privilegios. El resultado de repetir una y otra vez una mentira, es que esta se acaba convirtiendo en verdad. Si repetimos una y otra vez que los privilegios no son privilegios sino derechos, al final, nos lo acabamos creyendo.
La mayoria ha hablado, dicen, el gobierno esta legitimado por la mayoria, dicen. Ni siquiera nos preguntamos cómo se forma y produce la mayoria. Nos dan igual las hegemonías, las disciplinas, y los discursos. Nos da igual quien controle la escuela, las universidades y los periódicos. Todo eso da igual, porque la mayoría, dicen, tiene la legitimidad de imponerse sobre una minoría ampliamente más mayoritaria. Si nos ponemos a analizar la democracia teniendo en cuenta a todo el conjunto de población a quien la democracia afecta, la mayoría empieza a perder su legitimidad.
Pongamos el ejemplo concreto de la Comunidad de Madrid. En esta comunidad viven, según datos del 2020, un total de 6.799.888 personas. De ese conjunto poblacional, tienen derecho (¿o privilegio?) al voto un total de 5.112.658 personas. A su vez, dentro de este conjunto de personas a las que se les permite votar, han votado (con el 99,73 % del voto escrutado) un total de 3.637.095 personas. Es decir, sin entrar en los resultados electorales en sí mismos, la mayoría se va a construir, sea cual sea esta, sólo sobre el 53,48% de la población que reside en Madrid y no sobre el 100% de la población. Sin embargo, los cálculos no acaban aquí. Sino que dentro de estas 3.637.095 personas que han querido, o han podido votar, han votado al partido ganador un total de 1.616.645 personas. O lo que es lo mismo, Ayuso cuenta con el respaldo del 23,7% de la población que reside en Madrid. Y todo ello pese a que las medidas de Ayuso afectaran no solo a la mayoría del 23.7% sino también a la minoría mayoritaria del 76,3% de la población. La mayoria aplastante resulta no ser tan mayoritaria.
Sin embargo, y llegados a este punto, debemos aclarar varias cuestiones para evitar caer en reduccionismos y demagogias. Es cierto que en Madrid viven 6.799.888 personas, sin embargo, no todas estas personas han ejercido su derecho al voto, es más, no todas han podido ejercerlo. En el caso de unas elecciones autonómicas la imposibilidad al voto nace de dos supuestos: (a) tener derecho a voto en otra Comunidad Autónoma distinta a la de residencia, y, (b) no tener derecho al voto. El segundo de los supuesto es el más importante a la hora de deslegitimar el sistema electoral: en España, el voto esta reservado para los ciudadanos españoles mayores de edad que no se encuentre judicialmente incapacitados o inhabilitados, esto quiere decir que no pueden votar:
Los menores de 18 años.
Según el art. 13.2 de la constitución. Los extranjeros legalmente residentes que no cuenten con la ciudadanía. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid estaríamos hablando del 10% de la población total.
Los extranjeros en situación irregular.
Según el art. 55 del código penal. Los presos con penas superiores a los 10 años (aproximadamente una 1.500 personas en la Comunidad de Madrid)
Las personas internadas en centros psiquiátricos e incapacitadas judicialmente.
Las personas incapacitadas judicialmente por motivos no delictivos.
Esta realidad democrática supone que si eres residente en Madrid, pero no estas empadronado en Madrid, no puedes decidir sobre cuestiones que, como residente, te van a afectar. Pero, es más, esta realidad también supone que: si eres migrante no puedes decidir sobre leyes que pueden afectar a tu situación; si eres preso no puedes decidir sobre leyes que pueden afectar a las prisiones; que si estas encerrada en un psiquiátrico no puedes decidir sobre leyes que afectarán a la sanidad; que si eres un trabajador de 17 años no puedes decidir sobre leyes que afectarán a tus condiciones laborales. En definitiva, el derecho a decidir sobre las cuestiones que te afectan, parece ser, más que un derecho, un privilegio. La democracia no te asegura la capacidad de decidir sobre aquello que te afecta, aún cuando esa decisión ya de por si es vaga e indirecta.
Pero volviendo a las personas que tienen el privilegio de poder votar, solo ha querido ejercer dicho privilegio un 53,48% de la población, y dentro de dicho 53,48% tan solo esta representado el 94% de los electores, o lo que es lo mismo, el 50,7% de la población total. El parlamento madrileño, sede de la soberanía del pueblo de Madrid, apenas cuenta con el respaldo de la mitad de los madrileños. ¿Qué pasa con ese otro 49,3% de la población que, no es que no está representado por Ayuso, es que no está representado por el parlamento autonómico en su conjunto? Es más ¿Qué pasa con ese 46,1 % de la población que no ha podido votar, o se ha abstenido, o ha votado blanco o nulo? ¿no valen? ¿no pueden quejarse? ¿Acaso no les afectan las leyes que promulgue Ayuso con el respaldo del 23,7% de la población?
Es cierto que no podemos pensar que ese 46,1% de la población que no ha querido, o no ha podido, votar a un Partido está politizada y organizada entorno a la abstención activa. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, tampoco podemos seguir defendiendo que en nombre del 23,7% de la población se legisle en contra de la voluntad de una supuesta minoría del 76,3% de la población. Si la legitimidad la otorga la mayoria, cosa que es muy cuestionable, el gobierno democrático, al menos hoy en día, está, bajo la lógica democrática de las mayorías y minorías, más que cuestionado, recordemos, en este sentido, que tan solo el 50,7 % de la población total está representada en la democracia madrileña. Por suerte la legitimidad, no la otorgan, al menos en el anarquismo, las tiranías de las falsas mayorías, sino los principios de la justicia, la libertad y la autonomía. Pese a nuestro pensamiento, unas de las mayores mentiras de la democracia es defender y legitimar la tiranía en nombre de la voluntad de una mayoría que ni siquiera alcanza una minoría del 25% de la población.